Hace unos días, el Gobierno rechazó una propuesta de ERC y de IU-ICV por la que se pretendía impulsar la implantación de software libre en la administración central (leer noticia completa).
Con muy buen criterio por su parte, el PSOE, PP y CiU argumentaron que no se puede restricgir la libertad de elección ni forzar a los usuarios a utilizar un sistema operativo o unos programas en concreto. Son los mismos argumentos que han estado utilizando hasta ahora los defensores del software libe, por lo que es justo plantear la no exclusión de ningún sistema.
De forma paralela, la consejera de Microsfot Ibérica, Rosa García, indicaba que si un 96% de los usuarios de ordenadores habían elegido comprar Windows tendrían sus razones, y que no se podía luchar contra la voluntad del mercado.
«Si fuera político, preguntaría a los ciudadanos qué necesidades tienen que cubrir y después buscaría las soluciones que les aporten el mayor valor posible a precios lo más barato posible, tanto en coste como en mantenimiento, pero no miraría si el software es de código abierto o cerrado, o si es Uníx, Linux, Microsoft o Apple»
La facilidad de instalación y uso de Windows hace que sea la plataforma idónea para no especialistas, que simplemente necesitan un ordenador para uso doméstico.
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